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MEMO: Para quién realmente gobierna Trump
TO: Interested Parties
FROM: Reproductive Freedom for All
RE: What Trump Won’t Tell You in His State of the Union Address
DATE: February 24, 2026
MEMO: Para quién realmente gobierna Trump
Esta noche, Trump se presentará ante el Congreso y promocionará el primer año de su segunda presidencia como un éxito, pero no ha logrado la “época dorada” que le prometió a los estadounidenses que lo observaban desde casa. En realidad, Trump ha pasado el último año gobernando para su gabinete oculto: una red de megadonantes de derecha y de extremistas antiaborto que tienen un poder sin precedentes en este país, mientras que los estadounidenses comunes pagan las consecuencias.
El lema del segundo mandato de Trump es el control: control sobre tu atención médica, tu familia, tu voto y tu futuro.
En tan solo un año de esta administración, las primas se han duplicado para millones de estadounidenses que dependen de la ACA, ICE ha aterrorizado a nuestras comunidades con impunidad, y los jueces federales recién nombrados han reestructurado los tribunales por las próximas décadas, desmantelando la libertad reproductiva y erosionando las instituciones democráticas. Esta noche, Trump pintará un retrato de un país que no se parece en nada al que actualmente habitan la mayoría de los estadounidenses.
La América en la que realmente vivimos
Desde que Trump asumió cargo, sus aliados en el Congreso permitieron que los créditos fiscales para las primas de la ACA expiraran tras un cierre gubernamental de 43 días. Esto provocó que las primas se dispararan para 20 millones de estadounidenses y le obligó a familias de todo el país a tomar decisiones imposibles. Familias como la de Eva Wood, madre de siete hijos e invitada esta noche al discurso del estado de la unión del líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer. Wood dependía de los créditos de la ACA para costear la atención médica para su familia, y ahora enfrenta un aumento en los costos de atención médica de más de $3,600 al año. Esto coincide con el caso de una pequeña empresaria que antes pagaba $94 al mes por su seguro médico y ahora paga $592. Los republicanos tienen el poder de restaurar la cobertura médica asequible, pero lo están utilizando como una ficha para satisfacer las demandas antiaborto que la gran mayoría de los estadounidenses nunca pidió y no apoya.
Las comunidades estadounidenses también se encuentran sometidas a actos de violencia por parte de agentes migratorios federales. Agentes federales le han disparado a 13 personas, matando a cuatro, durante redadas desde septiembre. A medida que esta brutalidad, sancionada por el estado, siembra el miedo en las comunidades, las inmigrantes embarazadas faltan a atención médica prenatal crítica, experimentan complicaciones inducidas por estrés y cambian sus planes de parto por temor a ser detenidas. Las madres han sido separadas de sus bebés lactantes y se les ha negado atención médica mientras sufren en detención de ICE. Niñas migrantes embarazadas —algunas de tan solo 13 años, muchas sobrevivientes de agresión sexual— han sido enviadas deliberadamente a un centro de detención médicamente inadecuado en Texas para negarles atención médica relacionada al aborto. Un exfuncionario de Trump confirmó: “Esto se trata 100% y exclusivamente del aborto.”
Las muertes evitables continúan aumentando en los estados con prohibiciones del aborto, y la mifepristona —aprobada por la FDA durante más de 25 años y utilizada en la mayoría de los servicios de aborto— sigue bajo ataque coordinado mientras los republicanos trabajan para lograr una prohibición nacional del aborto. Mientras tanto, el aborto está prohibido o severamente restringido en 20 estados y miles de estadounidenses ahora deben viajar horas para recibir atención médica que antes estaba disponible en sus propias comunidades.
El peligroso proyecto de ley presupuestaria de Trump, que recortó drásticamente Medicaid y le retiró fondos a Planned Parenthood, ya está diezmando el acceso a la atención médica esencial: 51 centros de salud de Planned Parenthood se vieron obligados a cerrar en el 2025, dejando a las pacientes con menos opciones para servicios médicos relacionados al aborto, anticonceptivos, pruebas de detección de cáncer que salvan vidas, pruebas y tratamiento de ITS, y más. Casi tres cuartas partes de estos cierres se produjeron en zonas rurales o con servicios médicos insuficientes, lo que agravó las desigualdades ya existentes.
¿Quién gobierna realmente este país?: Conozcan al gabinete oculto de Trump
Trump ha engrosado aún más los bolsillos de los ultrarricos, mientras que las familias trabajadoras siguen batallando. Las 30 familias multimillonarias que financiaron su campaña de 2024 aumentaron su patrimonio colectivo en 408.000 millones de dólares durante su primer año de mandato. Su paquete fiscal otorgó al 1% más rico de los hogares 1 billón de dólares en prestaciones, mientras que las familias que ganan menos de 24.000 dólares al año pierden 1.200 dólares anuales debido a los recortes a Medicaid y la asistencia alimentaria. A pesar de toda su palabrería sobre los valores familiares, esta administración ha pasado un año desmantelando los mismos programas de los que dependen las familias. Tener un hijo es la decisión económica más importante que la mayoría de las personas tomarán en su vida, y un gobierno que recorta drásticamente la atención médica, la asistencia alimentaria y entrega billones de dólares a los ultrarricos no está gobernando para las familias.
La fundación Heritage trazó el plan de acción de Trump para el “Project 2025”, el plan de 900 páginas para desmantelar las instituciones democráticas, desmantelar la libertad reproductiva y consolidar el poder ejecutivo. Menos de dos años después de su publicación, más de la mitad ya se ha implementado. El alcance de la fundación Heritage se extiende a todas las ramas del gobierno, pero ha demostrado ser más relevante en el poder judicial federal, al establecer una infraestructura que sobrevive a los ciclos electorales. Hasta la fecha, en su segundo mandato, Trump ha logrado la confirmación de 15 jueces hostiles a la libertad reproductiva para cargos de por vida en la magistratura federal.
Ocho de cada diez estadounidenses apoyan el aborto legal; sin embargo, grupos antiabortistas marginales como Susan B. Anthony Pro-Life America (SBA) están dictando los términos de la política nacional de salud al tomar el poder a la fuerza de las negociaciones de la ACA para impulsar una prohibición encubierta del aborto. La enmienda Hyde ya prohíbe que los fondos federales, incluidos los créditos fiscales de la ACA, cubran la mayoría de los servicios médicos relacionados al aborto; pero eso no es suficiente para extremistas antiabortistas como el grupo SBA, que quieren impedir cualquier cobertura de los servicios médicos relacionados al aborto, independientemente de cómo se financie. La SBA ha amenazado con retener parte de su presupuesto de 80 millones de dólares para las elecciones intermedias a cualquier republicano que no cumpla. Hasta ahora, estas amenazas han funcionado en los senadores republicanos, quienes tendrán que responder ante los electores a quienes están traicionando en noviembre.
Los votantes ya han rechazado esta agenda
Los arquitectos de la agenda de esta administración han sido explícitos sobre lo que les gustaría ver a continuación, y el instinto de creer que estas ambiciones son demasiado extremas para ser reales les resulta muy valioso. Durante su campaña de 2016, Trump prometió revocar el caso Roe v.Wade; seis años después, los jueces de la Corte Suprema que él mismo seleccionó hicieron precisamente eso. En 2024, Trump declaró que no tenía “nada que ver con Project 2025”; menos de dos años después, más de la mitad de este plan se ha implementado.
Por generaciones, los estadounidenses han entendido que la libertad significa el derecho a tomar decisiones sobre sus propias vidas y su futuro. Desde el fallo Dobbs que revocó el caso Roe v. Wade, los estadounidenses han demostrado que, cuando se les da voz directa sobre el aborto en las urnas, votan para protegerlo.
En 2025, de costa a costa, todos los candidatos respaldados por Reproductive Freedom For All ganaron, derrotando a oponentes considerados extremistas en materia de aborto por los votantes. Esta noche, una de esas candidatas —Abigail Spanberger, quien ganó decisivamente la carrera a la gobernación de Virginia tras hacer de la libertad reproductiva un pilar de su campaña— dará la respuesta demócrata al discurso de Trump. En Virginia, Pensilvania y Nueva Jersey, las encuestas al salir de las urnas confirmaron que el aborto fue un factor decisivo en la toma de decisiones de los votantes en los tres estados.
Los votantes se mantienen comprometidos, motivados y reacios a aceptar ataques a sus derechos y libertades fundamentales. La realidad es que el aborto es más popular que Trump: sus índices de aprobación siguen en constante descenso y ahora están por debajo de los niveles que tenían en el mismo punto de su primer mandato.
Trump y sus aliados saben que no pueden ganarse tu voto, así que intentan impedir que lo ejerzan. La Cámara de Representantes acaba de aprobar la Ley SAVE Act, que exigiría un pasaporte o certificado de nacimiento para registrarse para votar y dejaría fuera de las urnas a aproximadamente 21 millones de estadounidenses elegibles. El FBI de Trump allanó el centro electoral del condado de Fulton mientras él instaba abiertamente a los republicanos a asumir el control de la administración electoral en ciudades de todo el país. En el 250.º aniversario de los Estados Unidos, deberíamos estar celebrando las libertades por las que lucharon generaciones; en cambio, estamos viendo cómo Trump y sus compinches las arrebatan en la cámara esta noche.
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For over 55 years, Reproductive Freedom for All (formerly NARAL Pro-Choice America) has fought to protect and advance reproductive freedom at the federal and state levels—including access to abortion care, birth control, pregnancy and post-partum care, and paid family leave—for everybody. Reproductive Freedom for All is powered by its more than 4 million members from every state and congressional district in the country, representing the 8 in 10 Americans who support legal abortion.